Transportistas concesionados de Tuxtla Chico pertenecientes a las empresas Hawai, Tuxtlan-Gatica, Chiapas Unido y sin agrupación que cubren la ruta de la cabecera municipal al Ejido Miguel Hidalgo, hacen un llamado a las autoridades de justicia y de Movilidad y Transporte a no ceder a chantajes de líderes transportistas que se han convertido en gestores la para liberación de unidades “piratas” que fueron detenidas prestando servicio irregular.
Acusaron a Miguel Constantino, un concesionado de taxis y otras modalidades del transporte en Tapachula inmerso con un grupo de ex funcionarios públicos a quien indican que podría estar detrás del pirataje, a este personaje lo señalan de haber realizado la gestión para la liberación de una unidad March asegurada el pasado 7 de marzo dando servicio de pasaje con placas particulares en la zona rural de Tuxtla Chico.
Con fotografías y videos los denunciantes pertenecientes a las organizaciones concesionadas exponen que Miguel Ángel Constantino hizo la gestión para la liberación, fue por la unidad al corralón y se la llevó, por lo que cuestionan si este hizo el pago correspondiente o mediante chantajes obligó a las autoridades a que el entregaran la unidad.
Refirieron que las organizaciones transportistas de Tuxtla Chico fueron afectadas en el 2019 por más de 7 meses en que un grupo de personas impidió el paso a las comunidades y por la que la autoridad en su momento aplicó la ley en contra de del comisariado ejidal René Isabel N, por los abusos cometidos al imponer cuotas a los trasportistas concesionados y bloquear los accesos en la comunidad Miguel Hidalgo de Tuxtla Chico.
Lamentan los transportistas concesionados como Miguel Constantino que se dicen defensores de la legalidad y encabezar presuntas luchas contra el pirataje queden evidenciados en su relación con la ilegalidad, como pudo ser constatado en las imágenes en las que se ve recogiendo la unidad que fue asegurada y que se mantenía en un corralón.
Los concesionados de Tuxtla Chico hacen un llamado a la autoridad a no permitir más abusos ni burlas a la autoridad, que no se vulnere los derechos de quienes cumplen con la ley pero también la de los habitantes de ejidos como Silvano Gatica, Manuel Lazos, Cantón Aguinal y Miguel Hidalgo que el año pasado por más de 7 meses que duró el bloqueo fueron afectados en sus actividades cotidianas por intereses de unos cuantos entre estos los del gestor del pirataje Miguel Ángel Constantino.
