- El empresario chiapaneco, llamado “El Rey del Outsourcing” es seguido de cerca por la UIF.
- Sus influencias incluyen a ex presidentes, ex gobernadores, ex alcaldes y demás personajes del ámbito político nacional.
Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021.- No hay plazo que no se venza. Este dicho le queda a la perfección al empresario chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga, conocido en el bajo mundo como “El Rey del Outsourcing”, a quien en la reciente semana se le giró una orden de aprehensión, así como a su esposa, la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, a quienes se les acusa de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según las investigaciones, Víctor Manuel y su hermano Alejandro, son propietarios del despacho Álvarez Puga & Asociados, con el cual operaban un “paraíso de evasión fiscal” desde el año 2000 en el estado de Chiapas, año en el cual desviaron recursos públicos vinculados con el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, a través de empresas fantasmas y facturas apócrifas, con sobreprecios y en beneficio de prestanombres.
Los Álvarez Puga durante muchos años contaron con la protección de exgobernadores de Chiapas, expresidentes, políticos, senadores y exalcaldes del sureste de México, quienes conformaron una mega red de evasores fiscales, para obtener recursos públicos fuera de la ley y para sus intereses particulares.
Entre su más grande protector, se encuentra el ex gobernador y actual Senador de la República por el Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, así como el ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, el actual Senador Eduardo Ramírez Aguilar y el político priista José Antonio Aguilar Bodegas. Todos “hermanados” por el mismo modus operandi: el desvío de recursos a través de empresas fantasmas y factureras.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal (PF), presentaron un informe en el que se detalla la investigación en contra de 150 empresas factureras y de outsourcing, en las que se cree pudieran saltar los nombres de los hijos del ex presidente Vicente Fox y de Martha Sahagún (Fernando, Jorge Alberto y Manuel), así como del abogado y político Santiago Creel Miranda.
Incluso en las pasadas elecciones del 6 de junio, los hermanos Álvarez Puga se comprometieron a financiar la campaña del candidato a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, quien compitió por el Partido Movimiento Ciudadano, mismo que fue derrotado por Carlos Morales Vázquez.
Sin embargo, lo que detonó la fortuna que ahora poseen fue la injerencia que Puga & Asociados tuvo en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, programa estrella del sexenio de Enrique Peña Nieto, que derivó en otro de los casos más grandes y cínicos de corrupción de la historia mexicana: La Estafa Maestra. Y por si eso no es suficiente, queda también su relación con el ex senador chiapaneco, Noé Castañón Ramírez, y el ex gobernador, Juan Sabines Guerrero, ambos involucrados en el escándalo de “Panama Paper”, cuyos recursos eran utilizados para lavado de dinero y evasión de impuestos.
Entonces, toda esta maraña de corrupción e impunidad que logró sobrevivir sexenio tras sexenio, está por llegar a su fin, o por lo menos a cortar su crecimiento, ya que la actual administración federal ha encaminado lo que algunos llaman “cacería de brujas”, en contra de empresas factureras que tanto daño le han hecho al Fisco.
Se espera que con la orden de aprehensión, Puga & Asociados sea disuelta o por lo menos inhabilitada, para que se termine la red de operaciones fraudulentas en el país, y sobre todo en el sureste de México.