Crisis de Seguridad en Chiapas es por Complicidad de Cárteles y Autoridades: investigadores

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  • Informes de la agencia antidrogas de EU evidencia irregularidades de la autoridad de Chiapas
  • La FGE perdió el control de la seguridad ante influencia de grupos criminales

Suchiate, Chiapas; enero 24.- Las condiciones de inseguridad que se manifiestan en la Frontera Sur de México se muestran con un marcado incremento en la criminalidad en las últimas semanas del 2021 y lo que va del presente año, lo cual evidencia la grave descomposición en las instituciones gubernamentales, entre estas la FGE, y por consecuencia el control que ejercen grupos de la delincuencia organizada que se disputan el poder a balazos o con dinero.

Reportes informativos de investigadores del área de análisis e inteligencia de nuestro país en la zona limítrofe entre México y Guatemala, y de la Agencia Antidrogas Norteamericana exponen que organizaciones criminales con presencia en ambos lados de la frontera han pactado con la FGE en Chiapas y han creado intereses encontrados al interior de la dependencia, porque hay grupos institucionales que no saben a qué organización criminal se protege o se persigue.

Por lo que se presume que la FGE se ha alejado de la misión de representar a la sociedad en la investigación y persecución de delitos del fuero común, bajo principios de legalidad, eficiencia y eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y respeto a los derechos humanos, y que además deja duda de la vocación de servicio de parte de su personal ante los retos que deberían inspirar la confianza de los chiapanecos.

Chiapas es el cuello de botella en el trasiego de drogas procedentes de Centro y Sudamérica, a cuyos gobiernos no parece tener mayor importancia y los resultados en el combate a este flagelo ocurren mas por casualidad que por trabajo de seguridad, lo que convierte a la frontera México-Guatemala en el mercado más grande con tráfico de cualquier tipo de mercancía o producto ilícito, que va desde drogas, mercadería, humanos, autopartes y vehículos, y la consecuente violencia que esto genera y que se registra en la nota roja en los municipios de Suchiate, Tuxtla Chico, Tapachula, Frontera Comalapa, La Mesilla, Comitán, entre otros.

La disputa del territorio, según esos reportes, mantiene a la Frontera Sur de México “caliente” en casi todas las plazas, porque además la autoridad tiene elementos que no cumplen con su función y se convierten en espectadores por conveniencia ante la posible anuencia y opacidad de los jefes de la FGE, a cargo de Olaf Gómez Hernández.

Los reportes, algunos que ya han sido públicos, revelan que en esta zona de Chiapas y Guatemala hay principalmente dos organizaciones criminales que manejan drogas sintéticas como el cristal, cocaína por lo que las calles de Suchiate hasta Tuxtla Gutiérrez se han convertido en campos de batalla, por la pelea para el control de la zona, incluso a sangre y fuego; incluyendo las regiones de la Sierra Mariscal y Frontera con Selva en las mismas situaciones.

Chiapas sufre las consecuencias de la disputa de las plazas, la espiral de violencia pasa por el precio en peso o droga o por la sangre y fuego que permitan a los bandos contrarios el control hegemónico en la entidad, mientras los negociadores o los brazos armados buscan consolidar sus puntos de venta: tienditas, antros, botaneros, plazas comerciales, estacionamientos, escuelas públicas y privadas pasando por las pandillas encargadas de ejecuciones violentas, quienes reciben órdenes de los capos del narco ante la anuencia de las autoridades.

Chiapas no sería la excepción, según los actuales análisis de expertos y los antecedentes que existen en México, tradicionalmente la delincuencia organizada compra conciencias, paga por protección y lleva fuertes cantidades de dinero a los encargados regionales de las instituciones de justicia como la FGE, esas cuotas quincenales o mensuales aterrizan en los bolsillos de quienes se coluden, esos negocios que se consolidan a través de agentes ministeriales implicados en el negocio y que además buscan asegurar su puesto, repartiendo también dinero hacia arriba y que se logra con su intermediación para que haya reuniones con los capos en Tuxtla Gutiérrez y en Cancún.

Otro caso que ha causado extrañeza y que ha despertado sospechas es que a pesar de la rotación que existe en la FGE, el titular del Distrito Fronterizo Costa no ha sido movido pese a los pauperrimos resultados en materia de seguridad y justicia que se mantienen y que según los mismos funcionarios de otras zonas, quienes señalan que este funcionario podría ser un incondicional de los altos jefes de la institución.

En las investigaciones de las instituciones de inteligencia militar mexicana y de la DEA de Estados Unidos, mantienen en la mira a políticos, empresarios, agricultores y constructores de la región y del otro lado de frontera, por posibles vínculos con el narcotráfico; como ejemplo una de esas derivó en la extradición del ex alcalde de Ayutla Guatemala, Erik Suñiga, quien participó en campañas políticas y que en su momento se dijo amigo personal de Sonia Eloina Hernández Aguilar alcaldesa de Suchiate, así como de la familia de ésta.

La inseguridad que permea en la frontea sur es consecuencia del control excesivo de los grupos criminales que cuentan con la complicidad de malos elementos de las instituciones del estado que hasta hace algunos años ejercían su función, en la actualidad en lugar de combatir a la delincuencia hay denuncias que la autoridad está más preocupada por el pase de charola a talleres automotrices, chatarreros, tienditas y minisúper, venta de autos y autopartes que pudieran no estar en regla, pero también a comercios establecidos y compradores y turistas guatemaltecos, al grado de ser evidenciados gente del comandante ministerial Ernesto Molina y un grupo de «madrinas».

En Chiapas no debe permitirse que con la fabricación de pruebas falsa o delitos se aseguren o se apropien de vehículos, que después se reparten entre los «involucrados», o se otorguen como obsequios por favores a los amigos de los agentes ministeriales de la FGE o sus madrinas, y que esas unidades circulen sin placas o con placas sobrepuestas.

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