• Rutilio Escandón tiene en la FGE a un Capo y sus Lugartenientes al frente de la “justicia”.
• Delincuentes al servicio de la FGE, roban 75 mil pesos a ciudadano cubano.
• A la Fiscalía de Migrantes le empantanan las investigaciones, hay reacciones.
• En Chiapas todo está dispuesto para NO hacer justicia y llegar a un “armonioso acuerdo”.
• Desde el Senado de la República lanzan un SOS, “Chiapas va por la ruta de un estado violento… así perdimos Michoacán y Guanajuato”.
Tapachula, Chiapas, 26 de febrero.- De nueva cuenta la duda se cierne sobre la Fiscalía General del Estado y sobre el personal que en ella labora, los protocolos de actuación desde que asumió la oficina el actual fiscal Olaf Gómez Hernández, están plagados de faltas al debido proceso; no es que antes se hicieran mejor las cosas, pero al menos las estupideces del personal que le es afín al fiscal eran menos evidentes.
Y es que no hay otra manera de decirlo, son más las denuncias en contra del personal de la FGE, que los aciertos derivados de su trabajo, como parte de un esquema de certeza jurídica y de protección ciudadana, así como de procurar que la justicia sea pronta y expedita, lo que deriva que en Chiapas esto simplemente no exista.
El actual equipo que opera cercano al fiscal, sus incondicionales, son sujetos con varias denuncias en su contra por diversos delitos, entre los que se describen abuso de autoridad, tortura, lesiones, amenazas, extorsión, secuestro, enriquecimiento ilícito y nepotismo; personal con una «trayectoria» al interior de la fiscalía chiapaneca, pero esto no significa que sea una vida de trabajo entregada al servicio público honesto, en el recuento de las cosas, los saldos son negativos, en este periodo de Olaf, hay varios años de prisión que se han burlado por las complicidades donde cada uno de ellos se lavan las manos de la sangre que les pesa, según quien esté en la parte alta de la “rueda de la fortuna” es como se van reacomodando, eso les permite tener un manto de impunidad y sobre todo puestos estratégicos.
En qué estaba pensando el gobierno de Chiapas, cuando se decidió por Olaf y su pandilla. Menuda pregunta que aún hoy cuando el estado está a punto de salírsele de las manos no solo a Gómez Hernández, sino al propio Rutilio Escandón, ya lo dijo Emilio Álvarez Icaza y Noé Castañón Ramírez, senadores de la República: “Chiapas va en la ruta de ser un estado violento”.
Y para muestra un caso más que pone en duda la credibilidad de la FGE, de su titular y de todos los cercanos a este siniestro fiscal, que mientras sigan de esta manera, la población chiapaneca -que no es estúpida-, les cobrará todas y cada una de las facturas que ya deben y siguen acumulándose.
El pasado mes de noviembre un ciudadano cabanoamericano radicado en Tapachula fue brutalmente “levantado” por presuntos agentes de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa de la FGE en Chiapas con sede en Akishino – nunca se identificaron como agentes-, llegaron hasta las puerta de salida de la tienda de autoservicio Aurrerá ubicada en la colonia Canta Ranas, Plaza Inn; a las afueras de ese comercio se realizó la privación ilegal de la libertad de un migrante con estatus de refugiado.
Eugenio Pozo Leyte-Vidal de origen cubano fue levantado frente a varios ciudadanos y en un lugar público, frente a un supermercado donde incluso hubo personas que grabaron este hecho, lo golpearon, se lo llevaron, lo torturaron y finalmente lo extorsionaron.
La denuncia gira en torno a la agresión de la que fue objeto este ciudadano extranjero con familia mexicana, Eugenio Pozo de 42 años, a quien le robaron 75 de 80 mil pesos en efectivo, según consta en la denuncia que levantó por estos hechos.
De acuerdo al relato de Eugenio, el pasado 26 de noviembre de 2021, a las afueras de la tienda Bodega Aurrerá ubicada en Plaza Inn, sobre la 4ª Sur, un sujeto lo sometió por la espalda, aplicándole una llave en el cuello, luego de forcejear se desmayó por la asfixia aplicada, mientras que otras tres personas (según lo que recuerda), lo cargaron de pies y manos para intentar subirlo a una camioneta Nissan modelo Frontier color blanco, matrícula CY-9201-C con vidrios polarizados. Derivado de este acto, cuando se dio cuenta ya estaba en las instalaciones de la oficina de Akishino.
Pozo afirmó haber sido parte del programa que en 2019 y 2020 el gobierno mexicano en conjunto con la ONU aplicó para dar empleos a migrantes, entre ellos los cubanos llegados a México; de estos salarios dijo, hizo su ahorro para comprar mercancías (abarrotes) que después revendía a otro precio, obteniendo una ganancia. Gracias a esto logró mantener el paso de su pequeño negocio, adicional a ello afirmó que desde los Estados Unidos, familiares lo apoyan constantemente con el envío de remesas por lo que tiene un flujo constante de cambio de divisas, los retiros de los envíos los realizaba en el Baco CI de la zona del Bicentenario y Plaza Inn, lugar donde conoció a una mujer a quien identificó como Mari “N”, quien realiza cambio de divisas afuera de dicha institución.
El día del levantón frente a Aurrerá, Pozo llevaba entre sus cosas una fuerte suma de dinero, 80 mil pesos que recién había retirado de CI Banco, una parte y otro más producto de su negocio, todo junto hacían la cantidad total de dinero. luego de ser llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito, se dinero desapareció, es decir, se lo robaron.
Relata el cubanoamericano que luego de regresar en sí, tras las llave aplicada, al menos tres personas y quien conducía la camioneta le propinaron una golpiza, además de que lo obligaron a mantenerse con la cabeza agachada y entre las rodillas, luego al ser bajado, identificó que se trataban de las instalaciones de Akishino; Pozo aseguró que lo anduvieron paseando por varas zonas de la ciudad, aseguró que de donde lo secuestraron a las oficinas de la FGE, pasó cerca de una hora, en ese “paseo” lo golpearon y torturaron fisca y sicológicamente, le afirmaron que de no aflojar le sembrarían drogas y al menos un arma de fuego y que por eso lo “entambarían” por varios años.
Luego de la agresión, Eugenio presentó varias lesiones en rostro, brazos, cabeza y espalda; hubo personas que fueron testigos del hecho, hay video de estos hechos, de esta manera no sólo se revela la forma brutal de operar de los pseudo agentes, sino de la violación al debido proceso como modus operandi de la Fiscalía que comanda Olaf Gómez.
Durante el acoso que recibió, uno de los presuntos agentes reveló que ya llevaban tiempo siguiéndolo, y que sabían que trabajaba para algún narco local, Pozo negó siempre estar coludido o ser pare de un tema como el que le estaban fincando; recordó entonces el ofrecimiento de la cambiadores de divisas, sobre el familiar que trabajaba al interior de la FGE (presuntamente su primo).
En las oficinas de la FGE, Eugenio Pozo aseguró que lo sentaron frente a una persona del sexo masculino de la cual se refirieron como “El Comandante”, del que no le dijeron el nombre, todo mundo se refería a él así; fue este “comandante” quien ordenó que lo revisaran a detalle hallándole el dinero en efectivo en las bolsas de su pantalón y entre la ropa interior.
Durante una especie de interrogatorio sin la presencia de nadie más y rompiéndose en todo momento los protocolos de actuación de servidores públicos, los hombres allí reunidos en esa oficina de la Fiscalía de Distrito en Tapachula negaron conocer a Mari, la cambiadores de divisas y al sujeto que ella habría prometido ayudaría a Eugenio en caso de necesitarlo, sin embargo, el “comandante” terminó por aceptar que conocía a Mari, ante la insistencia de Pozo para que lo dejaran comunicarse con ella.
Eugenio aseguró que a quien todos llamaban “comandante” indicó a otros dos sujetos que lo “basculearan”, esto luego de saber que él (Eugenio), pedía comunicarse con Mari “N”, le hallaron los 80 mil pesos y se los quitaron. El “comandante” le aseguró sin pruebas y sin un debido proceso que el cubano era parte de una red de narcomenudeo y que la única manera de poder salir vivo y limpio de ese momento era entregándole 75 mil pesos, de lo contrario lo acusarían de tráfico de drogas y armas.
Luego de ser despojado del efectivo, Eugenio aseguró que fue dejado libre, sin embargo, por las acusaciones en su contra no se abrió una carpeta de investigación, no había una orden de aprehensión en su contra, por lo que reflexionó, dijo, y comenzó a indagar qué es lo que habría originado que le robaran de esta manera el dinero que había sacado antes del banco. Se dio a la tarea de indagar y fue como se acercó a la fiscalía para migrantes donde levantó una denuncia por lo sucedido.
Eugenio Pozo ciudadano cubanoamericano y con trámites para una estancia legal en México, se presentó ante la Fiscalía de Atención a Migrantes para levantar una denuncia, lo que dio con la apertura de una carpeta de investigación RA.0669-089-1201-2021 misma que fue encabezada por la Fiscal del Ministerio Público Investigador, Elaine Nallely Albores Villagrán que se abocó a darle celeridad y seguimiento, sólo al principio porque con forme iba avanzando la investigación, entonces surgieron los contratiempos y la carpeta poco a poco se fue empantanando.
La Fiscalía para Migrantes dio aviso al consulado de Cuba en México con un oficio 00896/1387/2021 emitido el 27 de noviembre de 2021, en el que se le da a conocer que en una carpeta de investigación se le da seguimiento al caso presentado por Eugenio Pozo Leyte-Vidal por delitos de lesiones y lo que resulte, con lo que se dio cumplimiento de aviso a la representación de su país como lo marca la Ley del servicio exterior mexicano en cuanto a connacionales extranjeros con asuntos judiciales en territorio mexicano.
En esa investigación, la Fiscalía de Migrantes solicitó a la tienda Bodega Aurrerá y al C5 Escudo Urbano de Tapachula con oficio 00934/1387/2021 para ambos casos, proporcionaran los videos del día 26 de noviembre entre las 13:30 y las 15:00 horas, momentos del evento que se describe en la carpeta de investigación, el material audio visual y visual, serviría como prueba de la versión que Eugenio manifestó en la denuncia. Sin embargo la tienda se negó, la gerencia del establecimiento y el departamento jurídico de Walmart México y Centroamérica, afirmaron en un escrito firmado por Roberto Flores gerente de la tienda que ya no tenían ese material y que por alguna razón se habría borrado; esto fue informado en un documento entregado el 13 de diciembre de 2021, esto a la Fiscalía para Migrantes no le hizo sentido y a Eugenio se le hizo totalmente sospechoso.
En tanto el C5 de Tapachula contestó al oficio de la fiscalía El día 11 de diciembre de 2021 con el oficio SSPC/SSPPC/DEC41/911TAP/1550/2021, donde le indica a la fiscal del MP, Elaine Nallely Albores Villagrán que hay una cámara frente a la UNACH pero que casualmente y como en muchos de los casos, no sirve: “y en relación con su solicitud hago del conocimiento que se cuenta con una cámara de vigilancia cercana, en la dirección 4ª Avenida Sur Prolongación, referencia UNACH, sin embargo, se encuentra fuera de servicio; así mismo, le informo que después de realizar una búsqueda extensiva en la base de datos del sistema de incidentes, no se encontraron registros que coincidan con los datos requeridos, por lo que no es posible coadyurrar con su requerimiento” (SIC). Esta fue la contestación del C5 de Tapachula.
Cómo es posible que se han gastado millones de pesos de los chiapanecos con las famosas cámaras y sistema se seguridad del C5, y hasta se ha afirmando que funcionan con tecnología de punta, para que a la hora de necesitarlas salgan con que no sirven o no están funcionando..
La percepción social de estar en desamparo va en aumento, mientras el titular de la Fiscalía Olaf Gómez Hernández y de la Comisionada de Seguridad, Gabriela del Socorro Zepeda Soto, en sus discursos se burlan del gobernador al asegurarle que todo en Chiapas, está caminando y “funcionando” sin problema alguno; es un panorama que en la realidad de la población no es verdad, allí están los documentos del propio gobierno que lo comprueban, cámaras que no sirven, empresas que no cumplen con las normas y no son sancionadas.
La investigación siguió el curso, lento pero al menos se determinó que la camioneta Nissan, Frontier usada para levantar a Eugenio Pozo, estaba a resguardo de Humberto Domínguez Domínguez, Policía Ministerial de la Comandancia Regional Zona Fronterizo Costa de la Policía Especializada, según el documento FEG/CGAyF/SCV/0262/2022, enviado por la Coordinación General de Administración y Finanzas, con lo cual se confirma que efectivamente era personal del comandante regional Ernesto Molina de la Fiscalía General del Estado, quienes lo privaron de su libertad de manera ilegal, lo torturaron y lo extorsionaron, el sello de la casa.
Eugenio Pozo afirmó que aún teme por su vida, luego de narrar estos hechos ante la autoridad de la fiscalía de migrantes y antes lo medios de comunicación pide sólo que se le haga justicia, dijo esto, mientras se estremece al recordar los golpes ya la forma en que fue torturado a bordo de la unidad de la fiscalía.
Visiblemente afectado, Pozo aseguró que en Tapachula no hay muchos abogados que quieran llevar un caso como el suyo, pues saben y afirman que no se quieren meter en terrenos pantanosos con la fiscalía, “no hay un abogado que en su sano juicio quiera meterse en estos casos, entre abogados saben que todo es un negocio y se va al ámbito de “lo perdido, lo recuperado”, no hay gente que tenga los cojones bien puestos para representar un caso como el mío y como yo, no hay uno o dos casos, son decenas de casos como el mío que nadie quiere representar, porque significa tiempo, dinero y mucha, muchísimas corrupción al interior de la fiscalía de Chiapas”, afirmó.
De noviembre a la fecha, son cerca de tres meses de presentada la denuncia, han sido poco los avances pero, de alguna manera y a pesar de que la Fiscalía para Migrantes argumentó en días pasados que ya no tiene más elementos para darle seguimiento al caso y que sería puesto ante el área de asuntos internos de la Fiscalía contra Servidores Públicos; el “comandante” contactó de nueva cuenta a Eugenio y le dijo que “ya le bajara de huevos”, que le devolvería 35 mil pesos de los 75 mil que le robó, pero que ya dejara el tema por la paz, todo mediante una llama telefónica que al principio se tornó intimidante aseguró el cubano Pozo, luego en un tono más conciliador le ofreció esa “salida” para dejar zanjado el tema.
Eugenio afirmó que él es la víctima de una presunta autoridad que no puede negar su papel corrupto, que aún siguen impunes estos hechos, de esto existe una denuncia y que son, de manera dolosa, empantanadas las indagatorias, se trata dijo, «del encubrimiento sistemático de los que integran esas fiscalías, la de migrantes que ahora ya empantanó la investigación, de qué manera dijo Pozo, el llamado “comandante” sabe que tiene un tema que se está investigando, le avisaron y le aseguraron que está metido en un serio problema, “he tratado de ubicar a las personas que ese día de noviembre grabaron mi levantón para presentarlo como prueba contundente de esa acción”, adelantó Eugenio, pero dijo que la gente no se quiere meter en problemas y menos con esa gente de la fiscalía que además de no tener ética, no tienen palabra, son traicioneros y son unos delincuentes con placa, arma y todo pagado por los mismos ciudadanos, en montón sin muy valientes, pero cuando se les pide que intervengan en casos de violencia son los primeros en huir, al menos así son los ministeriales en Tapachula», aseguró.
Eugenio Pozo Leyte-Vidal, refirió que quiere los 75 mil pesos que le robaron en la Fiscalía de Akishino y no los 35 mil que “le ofrecieron”, asimismo pide celeridad en la investigación que se sigue en la Fiscalía para Migrantes; del mismo modo exigió que en la investigación se tome en cuenta la acusación en contra de la cambiadores de divisas afuera de CI Banco, a quien conoce como Mari “N”, luego de que ella era la única que sabía de las transacciones del cubanoamericano en esa institución bancaria, “es muy sospechoso que después de retirar el dinero de ese banco, me ubican, me localizan me levantaran y me extorsionan, para mí que fue un dedazo el que me llevó a todo esto que es hasta el día de hoy es un verdadero calvario”, aseguró Pozo Leyte-Vidal.
Incluso mencionó que luego de su detención y posterior liberación, esta mujer aseguró que los Ministeriales habían detenido a otra persona de nacionalidad cubana, para hacer creer que con la detención de Pozo Leyte-Vidal se habían «confundido» de objetivo.
No sería la primera vez que los agentes de la fiscalía chiapaneca se ven envueltos en un hecho de esta naturaleza, desde la llegada de Olaf Gómez esto se volvió un modus operandi de los elementos a cargo de las oficinas de las fiscalías en diferentes puntos del estado.
A partir del segundo semestres de 2021 y en lo que va de este 2022, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a cargo todavía de Olaf Gómez Hernández ha caído en una serie de brutales errores que no se entiende hasta este momento qué espera el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para llamar a comparecer al fiscal, es incomprensible la tibieza de la oficina del gobernador, de la misma Secretaría de Gobierno; esto lo afirman no sólo la población, sino incluso diputados de oposición locales y federales, hasta senadores de la República que en días pasados desde la misma entidad y desde la tribuna en el Senado, han levantado un SOS por el preocupante incremento de la violencia en Chiapas.
Emilio Álvarez Icaza-Longoria, afirmó el pasado miércoles 23 de febrero en su visita a Chiapas que la delincuencia del narco tienen el control del territorio, los crímenes empiezan a pesar: “así se empezó a descomponer Michoacán y Guanajuato, Chiapas va para una violencia extrema, donde el narco tiene el control, sólo para poner un ejemplo”, afirmó en entrevista.
Del mismo modo el senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez aseguró que varios municipios de la entidad tienen problemas de violencia, como Altamirano, Las Margaritas, el tema de Oxchuc que no tiene la atención adecuada de la Fiscalía y se prefiere darle la vuelta al tema y hacer como que no pasa nada.
Está Rutilio Escandón consciente que mantener al actual fiscal es un punto a favor de la desestabilización y es en contra de la paz y la gobernabilidad; Olaf Gómez ha desatendido varios frentes y abrió otros más que son muy peligrosos, las negociaciones con los cárteles no le funcionaron, los problemas en la frontera se incrementan, hay zonas entregadas a la suerte de los chiapanecos y en esos lugares quien ejerce el papel de ejecutor es el crimen organizado, lo mismo para bandas rivales que para ciudadanos comunes.
En la zona de conflictos indígenas la FGE ni se mete, ni por error actúa; el narco se apoderó ya de las calles de la capital chiapaneca, en las carreteras hay extorsión, retenes ilegales, robo al trasporte de carga, roban camiones de pasajeros con turistas internacionales, agresiones al turismo nacional e internacional, en la zona norte se comenten ejecuciones, se trafica con armas, se trafica con humanos, se usa la colindancia con Tabasco para ejercer la extorsión en ambos estados, se coluden autoridades y brinda protección a las bandas delincuenciales, todo en un clima de absoluta impunidad y a los ojos de la fiscalía estatal.
Qué mantiene al fiscal general Olaf Gómez Hernández y a su camarilla de leales, como el director de la Policía Especializada, Enrique Méndez Rojas, quien es un experimentado vividor sobre el que pesan varias indagatorias por acusaciones que hasta el día de hoy siguen esperando la justicia, pero que se mantiene en total impunidad, pues así es como se manejan las cosas; ahora recientemente señalado de nepotismo por pagar un sueldazo a su hija que cobra como MP pero que nadie conoce en la fiscalía para la que dice laborar.
En ese mismo sentido de los señalamientos, están las actividades al margen de la ley del cuestionado Comandante Regional Ernesto Molina Aguilar; el modus operandi de este elemento ha sido señalado en reiteradas ocasiones como un agente desestabilizador, con un enorme perfil negro y con múltiples señalamientos de actuar con abuso de poder y sin el mínimo respeto por el debido proceso. También ha sido señalado de operar negociaciones con el crimen organizado en su paso por Palenque y en la zona de la Costa, al grado de realizar actividades que se confunden con el actuar de los criminales.
Los retenes no oficiales al margen de la Ley, los levantones, las actividades irregulares de los agentes de la Fiscalía dejan al descubierto el hambre y sed de dinero que tienen Olaf Gómez y sus gatilleros, son una runfla de vividores que usan a la Institución de la FGE para sus negocios, van desde los tratos con cárteles hasta el control de la venta de drogas al menudeo y la extorsión a comercios y transporte.
El pasado jueves muy temprano en Huixtla, sicarios ejecutaron a Nehemías N, un chofer de ruta foránea, por negarse a pagar la extorsión semanal a la que son sometidos los trabajadores del volante, este caso se supo en todo el estado incluso fuera de Chiapas, la noticia trascendió a lo nacional; familias de los operadores del transporte en Huixtla, Villa Comaltitlán, Motozintla, Escuintla, Huehuetán, Tuzantán y Mapastepec, han denunciado públicamente ante medios de comunicación que detrás de las extorsiones está la gente de la propia Fiscalía Distrito Fronterizo Costa y son gente del comandante regional Ernesto Molina Aguilar, por lo que exigieron de manera contundente al gobernador del estado se ponga a trabajar y ordene una investigación y auditoría al interior de la FGE y en ello la destitución de Olaf Gómez Hernández y todo sus incondicionales; de nada le sirve una piedra en el zapato a Rutilio, afirmaron las familias de los transportistas.
