- Juega gobierno chiapaneco con la seguridad de sus habitantes, simulación e impunidad detrás de la falta de equipos de seguridad.
- La auditoría arrojó que hay 48 unidades marca Toyota pagadas para patrullas, que el gobierno del estado no ha acreditado la existencia física de los vehículos.
Uno de los estados azotados por el crímen organizado y la violencia es sin duda Chiapas, con un acumulado en el mes de octubre de 70 ejecuciones y dos de sus principales ciudades convertidas en un manojo de nervios por la escalada de violencia, los chiapanecos de esta parte del país piden mejorar las condiciones de vida a la brevedad posible.
La inversión en seguridad en Chiapas durante el gobierno de Escandón Cadenas es superior a los mil millones de pesos. Esta inversión se ha destinado a diversos proyectos y acciones para fortalecer la seguridad en el estado.
Algunas de las acciones específicas realizadas por el gobierno de Rutilio Escandón en materia de seguridad incluyen:
- La entrega de apoyos del Programa «Escuela con Valores» ¹.
- La entrega de radios de telecomunicación y equipamiento policial.
- La inauguración del Centro de Monitoreo y Videovigilancia en el municipio de Tuxtla Chico.
Esto sugiere que la inversión en seguridad es parte de una estrategia más amplia para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los chiapanecos, pero esto sonó bien en el discurso, la realidad indica que tanta inversión no ha servido de mucho para contener la violencia en el estado.
A esto se le suman la revisión a la cuenta pública que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ADF), que arroja irregularidades en el manejo de los recursos, en específico la adquisición de patrullas.
La ADF detectó las compras pero no la existencia física de los vehículos, esto sugiere que el déficit de patrullas por habitante en Chiapas tiene un origen y este podría ser por actos de corrupción, esto a todas luces lesiona la vida de los chiapanecos; tan sólo al mes de octubre de 2024, en Tapachula hay un faltante de por lo menos 300 patrullas y más de mil elementos de policía municipal.
El monto del daño más alto al erario, indicó el órgano fiscalizador, asciende a 39.6 millones de pesos que corresponde a la presunta adquisición de 48 camionetas Toyota Hilux SR modelo 2023 equipadas como patrullas.
A estos señalamientos debe atenderlos de manera puntual y expedita Sergio Alejandro Aguilar Rivera, secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Chiapas, servidor público que ha preferido escudsrse detrás de la ya desgastada imagen de un gobernador que se va sin pena ni gloria.
Los vehículos, indicó la ASF en la auditoría 594 remitida esta semana a la Cámara de Diputados como parte de la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2023, aparentemente fueron comprados para ser transferidos a algunos municipios del Estado.
«(Sin embargo, existe) falta de evidencia que acredite la existencia física de 48 vehículos adquiridos al amparo del contrato CV-72-2023, que permita verificar que éstos cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato y que hayan sido balizados como patrullas, así como por la falta de los contratos de comodato por la entrega a los representantes de los municipios del Estado de Chiapas», indicó.
A esta irregularidad, señaló, se suma el hecho de que dentro del expediente del proceso de adquisición no se proporcionó la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del proveedor, lo que impidió verificar si se encontraba al corriente con sus obligaciones fiscales federales al momento de la adjudicación.
En otro contrato, identificado como SESESP/UAJ/LCPSA/001/2023 para la adquisición de seis unidades tipo Pick Up Doble Cabina Marca Nissan Frontier SE 2023 por un monto de 4 millones de pesos, la ASF determinó que el vendedor en realidad es una empresa fantasma.
«Se constató que el proveedor adjudicado no declaró deducciones de nómina ni trabajadores en su declaración anual de ejercicio 2022, tampoco contó con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
«Asimismo, al consultar el domicilio referido por el proveedor en el contrato, así como en su constancia de situación fiscal, se observó que el lugar corresponde a un lote baldío, por lo que la adjudicación se realizó de manera indebida a un proveedor que al momento del proceso adquisitivo no contaba con la infraestructura, capacidad técnica y capital humano para suministrar los bienes objeto del contrato», señaló.
Al revisar las facturas emitidas en favor del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chiapas, la ASF encontró que los documentos sólo contienen el número de motor y número de serie de los vehículos adquiridos y, por lo tanto, carecen de los demás datos esenciales que presentan las facturas que emite una concesionaria automotriz, como la clave vehicular y número de inventario.
«(Existe) falta de evidencia que acredite la existencia física de los vehículos que permita verificar que éstos cumplan las especificaciones pactadas en el contrato y que hayan sido balizados como patrullas», indicó.
Con información de reforma y Rubén Chávez