Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; SEP 28.- Las denuncias en contra de los abusos de autoridad por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en Chiapas, se han incrementado en los últimos meses; son varias carpetas de investigación que el estado mantiene con discrecionalidad que rebasa los estándares del protocolo de atención, al parecer se mantienen en estos supuestos, no por la secrecía del caso, sino más bien para ser ocultadas, obstaculizadas e incluso desaparecidas, “pertinentemente” cuando las investigaciones son por denuncias en contra de los propios encargados de impartir justicia o seguridad en el estado.
Las denuncias van desde el terreno de lo legal, hasta lo público. Cuando de abuso de poder se trata, en estos casos la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, encabeza una larga lista negra de abusos documentados por la misma prensa en el estado; y no es para menos, cuando se va a fondo en cada uno de los casos, los mismos nombres salen a relucir. Es un sistemático proceso diseñado para la corrupción, la complicidad y el encubrimiento, todos participan, no hay nadie que se pueda separar, tarde que temprano, ya sea de obra o de omisión hay abusos cometidos por servidores públicos que hasta hoy no tienen castigo; es más, quienes los cometieron fueron premiados con cambios de plazas y hasta con puestos más elevados.
Estos movimientos incomprensibles se acentuaron con la llegada de Olaf Gómez Hernández, acompañado de un puñado de directores, subdirectores, jefes, subjefes, coordinadores y comandantes que a pesar de tener comprobada deslealtad, corrupción, entreguismo y contar con carpetas de investigación y procesos en contra, fueron reinstalados en actividades directamente relacionadas con las áreas por las que fueron destituidos, lo que señala de manera inmediata que sus casos sólo fueron de mero trámite para “cerrarle el ojo al macho”.
La lista de los indisciplinados es abrumadora, sobre todo entre el personal operativo y coordinadores, y se habla de la creación de nuevos puestos de mandos que en anteriores administración ni existían y que ahora son la élite de la corrupción y la gestión a modo desde la justicia mexicana.
Hay nombres que destacan por sus nombramientos, pero no por su efectividad, son en todo caso orquestadores de caos, inductores de realidades que doman bien un panorama, pero del que nadie sabe lo que viene atrás.
Uno de los nombres que se mantiene en el TOP de los indisciplinados al interior de la FGE es sin duda alguna Ernesto Molina Aguilar, ahora recién designado Comandante Regional para la zona de la Frontera Sur, sujeto con oscuro pasado y con una lluvia de denuncias por abuso de autoridad y casos de tortura.
A Molina se le intenta hacer pasar como un policía de carrera, de grandes miras, pero en el fondo sólo es otro de los tantos integrantes de la FGE que es insubordinado y extremadamente peligroso.
En este y muchos casos más, las promesas de justicia se quedaron en el discurso: Molina Aguilar nunca fue suspendido debido a las acusaciones, y en su lugar, sólo fue rotado de puesto en al menos dos ocasiones.
Uno de los casos de abuso de poder en que incurren comúnmente los elementos de la FGE es la prepotencia; el último y más sonado fue protagonizado por Antonio de Jesús Acopa Parcero. Un asunto que incluso terminó con un peritaje médico en el que se cuestionaba la posibilidad de un acto de tortura para ser castigado.
La FGE se mantiene expectante pero sin llegar a actuar de forma contundente. Se trata entonces de ejercicio sistemático de ocultar por ocultar; en ese tenor es Olaf Gómez el agente del desorden, que junto a Jordán de Jesús Alegría Orantes, más que en un equipo con los directores y agentes, son los creadores de caos a placer y generadores de todo tipo de violaciones a derechos humanos de sus presuntas víctimas.
Hay una sensación de descontento entre la sociedad civil organizada por la designación del comandante regional Ernesto Molina Aguilar, a pesar de que lo hicieron pasar por un elemento de gran valor, ya que sobre él pesan acusaciones graves por tortura, corrupción y vínculos directos con el crimen organizado. Elías Urbina, el propio Molina Aguilar, Alegría Orantes y Gómez Hernández se conducen más como un cártel que como la autoridad que son.
