Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, JUL 08.- El pasado miércoles 7 de julio la capital de Chiapas, se estremecía alrededor de las 15:30 horas, con imágenes de un ataque armado, de inmediato las redes sociales se llenaron de videos y comentarios sobre lo sucedido. Acto seguido, las primeras imágenes en fotos y videos de una masacre, eran cinco cuerpos de hombres abatidos por otro grupo de sujetos armados, hasta ese momento desconocidos, agresores y caídos no se sabía quiénes eran, por qué fueron atacados y el móvil del ataque.
Las reacciones fueron inmediatas, al grado de inundar las plataformas de Facebook y Twitter con los reportes ciudadanos que daban cuenta de cuerpos baleados en plena vía pública y autos incendiados, armas de alto poder y cientos de casquillos percutidos regados en el suelo.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia La Gloria. Desde ese lugar integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatieron a tiros a un lugarteniente del Cártel de Sinaloa (CDS) que operaba en Chiapas, en específico en los municipios de Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y Palenque, liderando las actividades de ese grupo delincuencial en conexiones con Guatemala.
Se trató de una emboscada del CJNG, según se sabe por informes de inteligencia militar, esto en contra de los ocupantes de dos vehículos, un Renault, así como un Audi. Los agresores abrieron fuego desde dos autos en movimiento, mientras que en el sitio quedaron los cuerpos regados de presuntos integrantes del cártel de Sinaloa relacionados con el jefe de plaza de Comitán, conocido como «El Junior», se trata de quien fuera el heredero del conocido capo del cártel de Sinaloa, Gilberto Rivera Amarillas mejor conocido como el «Tío Gil» quien era el responsable del cártel en Chiapas, capturado en el 2016 en Guatemala y extraditado poco después a los Estados Unidos, donde era reclamado por narcotráfico.
«El Tío Gil» era señalado de ser operador del «Chapo» Guzmán y vinculado a la operación financiera del PRI en Chiapas; vivía y operaba desde Comitán; tras su detención el hijo mayor, Ramón Gilberto Rivera Beltrán, tomó su lugar y estuvo al frente de las operaciones del Cártel de Sinaloa, pactó con autoridades que lo protegieron durante los últimos años, incluso se presume que policías en activo formaban parte de su escolta personal.
Mantuvo y creó nuevas empresas, que le permitieron hacerse pasar como prominente empresario, se relacionó con políticos y llegó incluso a firmar convenios con el mismo gobierno.
Fue tal su poder e influencia que la misma Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), firmó en 2016 un convenio de colaboración con una empresa de «El Junior», GENEMEX, la cual forma parte de una red de empresas propiedad del heredero del capo; dicho convenio sigue vigente hasta hoy día.
A su llegada, el actual rector de la UNACH, Carlos F. Natarén mantuvo dicho convenio, consciente de que estaban haciendo negocios con el heredero del «Tío Gil «, la pregunta que se hizo desde aquel entonces al rector fue ¿quién lo obligó a meter las manos en este tema?
Hoy salen a la luz los nexos de organismos gubernamentales (UNACH) en Chiapas con personas vinculadas al crimen organizado, lo que sin duda exige una investigación a fondo en contra del ex rector Carlos Eugenio Ruiz, quien firmó el convenio y el actual rector Carlos Natarén Nandayapa, quien lo mantuvo y lo extendió.
Ramón Gilberto Rivera Beltrán, recibió un premio por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno del Estado, a cargo de Zaynia Andrea Gil Vázquez, secretaria de esa dependencia y con quien mantenía reuniones privadas y asistió a eventos sociales; este es sin duda un duro golpe a la credibilidad del actual gobierno morenista de Rutilio Escandón, las reuniones del capo con la secretaria, son un claro ejemplo del pacto que el gobierno federal y del estado mantiene con el Cártel de Sinaloa, un tema que ya ronda así con esta temática las redes sociales y varios portales de análisis político en el país.
La secretaria Zaynia Gil Vázquez es hija del tamaulipeco Héctor Andrés Gil Ajuria, asesor de Ismael Brito Mazariegos, un operador político del actual gobierno, exsecretario de gobierno del actual gobernador Rutilio Escandón y de quien se dijo, hay líneas que lo vinculan a relaciones poco claras y transparentes con personajes igualmente oscuros del escenario nacional.
Son varios los artículos que hablan de los vínculos del gobierno de Chiapas con los operadores financieros de los grupos de poder, y entre ellos, los cárteles del narcotráfico. El escándalo sale a la luz desde la óptica de un narcogobierno por estos estrechos vínculos del poder político y el poder fáctico.
Una ventana al horror que los chiapanecos van atando en cabos, pues al mismo tiempo se sabe que el exfiscal de Chiapas, Racial López Salazar es buscado por la justicia para que rinda cuentas del narcogobierno que encabezó en Puebla, un gobierno que en menos de tres años, destruyó lo que se logró en seis años de gobierno de Rafael Moreno Valle. Puebla pasó de ser un estado en vías de prosperidad a una entidad lenta y perezosa según cifras del Inegi, en relación al PIB que se generaba antes y al que se detalla hoy en cifras reales, Puebla retrocedió con la llegada de Luis Miguel Barbosa y Raciel López Salazar.
En 2018 el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), intentó arrebatarle a «El Junior» el control de las rutas de trasiego en la frontera norte del estado y para ello enviaron a casi medio centenar de hombres a arrebatarle la plaza.
Los integrantes del CJNG se ubicaron en tres ciudades dominadas por «El Junior»: Frontera Comalapa, Comitán y Tuxtla Gutiérrez; una supuesta llamada alertaría a las autoridades, quienes realizaron un operativo simultáneo que llevó la captura de 48 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La mayoría de los detenidos eran originarios de Oaxaca, Nuevo León, Coahuila Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla. Todos se identificaron como parte del grupo criminal; les fueron aseguradas armas, vehículos y cartuchos útiles, y finalmente fueron puestos a disposición de las autoridades.
Apenas el pasado 13 de junio del presente año vecinos de las comunidades aledañas a Comitán denunciaban la presencia de un comando fuertemente armado, quienes habían instalado un retén en la carretera Huehuetenango-Comitán, donde revisaban a los automovilistas en busca de migrantes, drogas o armas. Según denunciaron, esta era una señal de la presencia de grupos criminales en la región.
Y la madrugada del pasado 4 de julio apareció en Palenque, una narcomanta con mensajes intimidatorios al sur de la ciudad, en el perímetro del barrio Parque de Feria, en el mensaje se advertían acciones en contra de bandas de colombianos que operan en la demarcación.
La masacre registrada el día de ayer en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez despeja toda duda de la presencia de ese grupo criminal en la entidad.
En los últimos meses la violencia se ha disparado en ciudades como Tapachula, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Suchiate y municipios de la zona indígena. Ahí los pobladores han denunciado la presencia de personas armadas vinculadas a la delincuencia organizada, y el incremento de agresiones y homicidios realizados por estos grupos.
Los capos de la droga en Chiapas han logrado tejer relaciones con autoridades estatales y municipales, que les permiten realizar actividades con protección, además de involucrar de forma deliberada a artistas, políticos, funcionarios, ya que todos comparten lazos de amistad e intereses en el negocio de la droga. Tal es el caso de Andrés Sánchez, calificado como un verdadero vividor de la política y de esas relaciones peligrosas entre la política y el narcotráfico de la Frontera Sur. De igual manera el lazo que une a Suchiate con Ayutla no sólo es por compartir las aguas del río del mismo nombre, sino por la cercanía o “complicidad” entre Sonia Eloina Hernández Aguilar con el exedil de Ayutla, Erik Salvador Súñiga, calificado por la DEA como el capo del narco en Guatemala y su frontera con México, capturado en esa nación por la PNC y entregado a la justicia norteamericana, fallecido en extradición por padecimientos relacionados a un cáncer terminal.
Las relaciones del narco en la Frontera Sur de México y del Norte de Guatemala vinculan a funcionarios en activo y a los ya retirados, la participación de varios ex agentes del Ministerio Público federal de la desaparecida PGR, hoy FGR tiene vínculos activos hasta el día de hoy. Los hechos de sangre ocurridos la tarde del pasado miércoles 7 de julio en la capital de Chiapas es sólo el inicio de una serie de acciones que ponen dos cosas de manifiesto: se acabó el perfil bajo del cártel en la entidad, colocan a Chiapas como una “plaza caliente” en el escenario nacional de la inseguridad; al mismo tiempo dejan en claro la incapacidad del gobierno del estado para enfrentar el fenómeno de la delincuencia, al tiempo de poner a la luz pública las relaciones de los poderes fácticos con el gobierno estatal.
Finalmente en los últimos informes de inteligencia militar, se detalló que en Chiapas operan cárteles en al menos 15 zonas del estado, todas ellas con dos propósitos fundamentales: pelear a sangre y fuego las plazas y mantener el trasiego en las rutas de la droga desde Centroamérica hacia México.