- La FGE apática e ineficaz para detener las agresiones contra ese gremio
- Al Director de la Policía Ministerial, Alfonso Enrique Méndez Rojas le preocupa más amasar inmuebles que la seguridad de los chiapanecos.
Mapastepec, Chiapas; 30 de octubre 2021.- Transportistas de la Zona Costa de Chiapas se pronunciaron este sábado para exigir el esclarecimiento del crimen de un trabajador del volante, quien fuera miembro a la organización Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra A.C., mismo que fue asesinado este fin de semana en el tramo carretero Mapastepec-Escuintla, al parecer a manos de bandas organizadas dedicadas a la extorsión, así como el cobro de piso, intimidación y ajustes de cuentas.
Fue el pasado viernes cuando José Dolores “N”, chofer-operador de una colectiva de ramal foráneo fue ultimado a tiros por dos sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, lo cual ya no es novedad, puesto que la mayoría de los criminales y asesinos a sueldo usan el mismo modus operandi, y aunque los miembros de estas bandas al parecer ya han sido detectadas y detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), en Chiapas, las cosas siguen igual o peor.
De manera enérgica hicieron un llamado al Fiscal General de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, para que a la brevedad de resultados sobre las investigaciones en torno a este hecho delictivo en base a la integración de la carpeta de investigación, ya que el homicidio del transportista cimbró al gremio, por lo que esperan que se hagan investigaciones a fondo, para que no haya duda de la verdadera actuación y profesionalismo de la dependencia, que se supone está encargada de dar justicia pronta y expedita según el mandato de la Constitución Mexicana y del Estado de Chiapas.
Sin embargo, estos hechos reflejan el mal trabajo y la pobre actuación de las fiscalías de Distrito, que permanecen sin actuar y de brazos caídos hasta que reciben órdenes directas del fiscal en turno o por orden expresa del gobernador.
Es un secreto a voces que desde principios de este año, específicamente desde el mes de mayo, organizaciones criminales han acosado a empresas transportistas y choferes de las rutas que cubren los municipios de Mapastepec, Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Huixtla, Tapachula, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Motozintla, La Grandeza, Siltepec, Comalapa, Suchiate, así como el ejido Puerto Madero, a través de las maras, brazos ejecutores del crimen organizado, que llevan a cabo la extorsión para cobrar derecho de piso, y a quien no ceda a sus exigencias, les han dado muerte, como los casos ocurridos en el municipio de Escuintla, donde fueron asesinados dos choferes de taxis foráneos, sin que hasta el momento se hayan resuelto esos crímenes.
Fue sólo hasta que los medios locales, estatales y nacionales dieron voz a la información sobre el aumento de la inseguridad y violencia en carreteras de Chiapas, cuando la FGE encabezada por Olaf Gómez empezó a actuar, debido al hartazgo del Gobernador de ver cómo los funcionarios que están a cargo de la seguridad de la entidad no dan resultados positivos. A partir de ese momento fue que iniciaron las detenciones de varias personas, entre ellos mujeres, quienes formaban parte de una de las muchas bandas que operan en la zona, sembrando el terror y extorsionando a los transportistas para obtener dinero mal habido.
El crimen de José Dolores “N” fue certero, sin miramientos ni complacencias. Fueron 9 ojivas de bala presuntamente del calibre 9 milímetros, las que le causaron la muerte, demostrando que los asesinos iban con el propósito de acabar con su vida, desconociendo por encargo de quién, aunque sí se sospecha que fue por no pagar la cuota que le exigieron para dejarlo trabajar en paz. Esto demuestra que el delito no fue erradicado de la zona y que ahora regresa ante la complacencia de las autoridades de la FGE y de la Guardia Nacional, esta última señalada con una buena parte de responsabilidad, puesto que las vías de comunicación donde se cometen los delitos y por donde circula la mayoría del transporte de la zona se hace en carreteras federales, que están bajo su jurisdicción.
El gremio del transporte se siente abandonado y descobijado por parte de las autoridades estatales e instituciones que tienen la obligación de garantizar la seguridad. Este sábado prendieron las alertas ante la incapacidad del director de la Policía Ministerial de realizar acciones efectivas en favor de la seguridad en la costa de Chiapas; en las últimas semanas fuentes militares del área de inteligencia dieron a conocer la preocupación fundamentada en reportes, por el alto índice de inseguridad en la región Costa, Sierra y Frontera; el señalado no es otro más que Alfonso Enrique Méndez Rojas, un elemento al interior de la fiscalía chiapaneca que a pesar de sus pésimos resultados, se sostiene al frente del cuerpo de seguridad encargado de las investigaciones, pero sin entregar resultados positivos, dando sólo “palos de ciego” que debilitan la credibilidad de la FGE.
A Méndez Rojas y sus subalternos se les ha señalado en los últimos meses por tener de manera inexplicable más propiedades que la moringa, que por sus aciertos en favor de la seguridad; desde que asumió por “encargo” la dirección de la Policía Especializada, sus bienes inmuebles suman cada vez más, situación que contrasta con sus ingresos como servidor público, cosa que ya comenzó a ser tema del monitoreo de inteligencia militar, otra vez.
El Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra A.C., manifestó que de no ser atendidos estos llamados de urgencia para esclarecer las denuncias por extorsión, se acoplarán de manera conjunta con otras organizaciones de transportistas en Chiapas, para que se sumen a las acciones en cadena y se manifiesten de manera insistente con marchas, mítines, bloqueos carreteros, anuncios en radio y televisión, así como redes sociales, hasta que sean detenidos y puestos ante la justicia los autores materiales de los crímenes ya descritos. Pero sobre todo, los intelectuales de las agresiones en contra de trabajadores del gremio, así como de los sujetos que son empleados como “halcones” y brazo armado de las amenazas, mismas que en las últimas horas han derivado en la quema de unidades del transporte usadas como “mensajes” para quienes se han negado a pagar la cuota del cobro de piso, como la unidad que quemaron en la comunidad de Ulapa, Acapetahua.
