- Juez federal deja en libertad a presuntos lugartenientes del CJNG, algunos con antecedentes de transporte de armas
- Se ventilan los fuertes vínculos entre el sistema de justicia en Chiapas y los cárteles de la droga instalados en la entidad
- El gobierno de a Rutilio Escandón y su ineficaz Fiscalía a cargo de Olaf Gómez, han propiciado el clima de violencia nunca antes vista en Chiapas
Ciudad de México, septiembre 12.- El fuerte operativo en la capital de Chiapas del pasado 1 de septiembre y que dio como resultado la detención de presuntos lugartenientes de un poderoso cártel local, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que a unas horas de la puesta a disposición ante las autoridades federales de la FGR, se supo que por orden de un juez se puso en libertad a los detenidos, se ha convertido en un escándalo en el que se ventilan los fuertes vínculos de corrupción del sistema judicial chiapaneco con los capos del narco.
Chiapas había sido ajeno durante años a los escándalos judiciales originados por las acciones del crimen organizado; los pactos entre los señores del narco eran respetados y quien violara estos acuerdos lo pagaría con sangre, esta máxima se respetó hasta la incursión en la plaza del cártel más sanguinario en México, el CJNG y su llegada a Chiapas cimbró la composición de las fuerzas y el poder del cártel en la región, zonas enteras del estado están en poder del Cártel; no sólo del territorio, sino también las autoridades y en franca amenaza al Estado de Derecho y con ello está vulnerada la gobernabilidad.
A poco menos de 72 horas de la detención de la célula criminal identificada como gente de Juan Manuel Valdovinos Mendoza conocido como “El Señor de los Caballos”, quienes habrían sido puestos a disposición de la FGR por delitos del orden federal, un juez del ramo ordenó su libertad con el argumento de que no fueron presentadas las pruebas suficientes para mantenerlos bajo prisión preventiva oficiosa. El juez Jorge Arturo Acero Díaz ordenó sacar a las calles a Martín Horacio N, Daniel V, Antonio L, Ángel V, Tadeo G, Silvestre M, Carlos L y Paulino I, a quien se identificó como “Comandante Borrega”, lugarteniente del cártel en Reforma, mismo que en 2017 en el mes de marzo durante un operativo en la carretera a Las Choapas fuera detenido junto con 8 presuntos sicarios, luego de que transportaban un arsenal.
A pesar de estos antecedentes, el juez federal no tomó en cuenta el historial, antecedente y nuevas pruebas aportadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras el operativo del 1 de septiembre.
Valdovinos Mendoza mantiene una relación bastante estrecha con el director de la Policía Ministerial, desde que Enrique Méndez Rojas fungió como titular de la fiscalía de asuntos especiales de Alto Impacto, quien lleva desde 2018 cobrando fuertes sumas de dinero mediante la extorsión a varios capos de las células del Cártel de Sinaloa y CJNG como medio de protección y para mirar a otro lado y no hacer su trabajo. Según se dijo, Méndez Rojas tiene vínculos con los Señores del Narco, con la “bendición” del opaco fiscal Olaf Gómez Hernández y de la propia oficina del gobernador. Hasta el momento todo esto se ha comentado en el terreno de la especulación, sin embargo, luego de la liberación de los presuntos sicarios, todo parece apuntar en ese sentido, el de los perversos acuerdos entre el gobierno federal, estatal y las fiscalías federal y del estado para permitir la incursión descarada del CJNG.
Según informes de inteligencia de la DEA en sus oficinas de Guatemala y Puerto Chiapas (México), hay mandos del Ejército que desde México han incurrido en acciones para obstaculizar el trabajo de los comandantes en la VII Región Militar, sólo se le ha permito a la Guardia Nacional realizar uno que otro operativo para que puedan argumentar su presencia y decir que se realizan acciones en contra del crimen organizado, pero mientras esa simulación se realiza, los cárteles se pelan a sangre y fuego las plazas en Chamic, Frontera Comalapa, Comitán, La Trinitaria, La Mesilla, Ciudad Cuauhtémoc, Motozintla, Amatenango de la Frontera, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Reforma, Cintalapa y Arriaga, además de la zona de Las Choapas, colindante con Oaxaca y Veracruz.
Para la Costa, Soconusco y Frontera, el tema está resguardado por la presencia de las Fuerzas Federales que al ojo de la DEA se mantienen firmes en sus posiciones, son la válvula de escape para decir que el gobierno está combatiendo al crimen y a sus lugartenientes en Chiapas; así lo analizó el experto en temas de seguridad nacional Alejando Hope y el especialista en temas del Ejército, Juan Ibarrola, quienes coinciden en el preocupante nivel de inseguridad que se vive en Chiapas, “un estado que tradicionalmente se mantuvo fuera del escenario de inseguridad, hoy encabeza los porcentajes de crecimiento en materia de delitos y presencia del crimen organizado más constantes, incluso por arriba de Michoacán, Guerrero, Tabasco y Veracruz, esto por dos temas que se deben de analizar y el actual gobierno lo no quiere ver o simplemente lo sabe y se limita a simular acciones”, aseguraron los especialistas.
“El gobierno de Escandón Cadenas sólo administra dos puntos del caos: el primero es la ubicación geográfica natural de Chiapas, donde el CJNG quiere las ruta del trasiego y se lo pelea con poder bélico y acciones sanguinarias al de Sinaloa (Cártel); dos, la extensa frontera con Guatemala que le da un manto de virginidad en muchas zonas para explotar otros delitos que dejan jugosas ganancias; la migración, la trata de personas, el robo de autos y autopartes, además del huachicol, son negocios negros que dejan millonarias ganancias a costa de la tranquilidad de los habitantes del antes pacífico y turístico Chiapas”, aseguraron los expertos.
Finalmente, el que un juez federal haya decidido dejar libres a peligrosos sujetos, responde de manera inmediata al poder que ejercen los capos del narco en Chiapas, todo pasa frente a las narices del fiscal chiapaneco Olaf Gómez, pero también de los representantes federales de la FGR, delegados y agregados; grave y delicada es la participación por omisión de las Fuerzas Armadas, llámese Ejército o Marina, y ahora más que nunca la Guardia Nacional, no están al nivel que las circunstancias que se viven en Chiapas.
La decisión del juez federal Acero Díaz, tiene un trasfondo que debe preocupar al gobierno federal y que pone en evidencia la falta de criterio y carácter del gobierno de Chiapas y de su inoperante pero sí corrupta fiscalía.
Y es grave, ya que nunca se había visto en Chiapas una situación de tal magnitud, con cárteles de la droga ocupando y dominando gran parte de la geografía estatal. Tampoco se había vivido el clima de zozobra que generan hombres fuertemente armados pasándose en lujosos vehículos en centros comerciales, a plena luz del día, como si se tratara de algún lugar del norte del país, donde se han establecido desde hace años los grupos criminales del narcotráfico.
Esta situación tiene sus responsables, va desde la cabeza del gobierno, en la figura de Rutilio, pasando por la Fiscalía, la cual Olaf Gómez se ha encargado de convertir en una agencia de colocación de incondicionales, quienes se encargan de pactar con los grupos criminales, hasta los mandos policiales de las diferentes corporaciones de seguridad dependientes de la FGE.
