- Jóvenes estudiantes de Medicina que realizan su internado en el nosocomio, sufren acoso del Dr. Mirko “N”, quien está siendo protegido por personal de la FGE
- Tal parece que para las autoridades ministeriales los denunciados tienen más derechos que las víctimas
Tapachula, Chiapas, 11 de octubre de 2024.- En un hecho que desnuda la decadencia de las autoridades en la FGE, surge la denuncia de varias jóvenes estudiantes de Medicina que realizan su internado en el Hospital General de Tapachula, quienes están siendo acosadas sexualmente por parte de personal de salud adscrito a dicho nosocomio, señalando directamente al Dr. Mirko “N”, y a quien la autoridad pareciera que le brinda protección, ya que no ha sido sancionado ni removido, y por el contrario se busca que las víctimas sean quienes sean transferidas a otro hospital.
Lo lamentable de este escándalo mediático cometido por personal médico del Hospital de Tapachula es la indiferencia de las autoridades para atender el caso de manera integral. Lo anterior deriva en que las jóvenes víctimas interpusieron su queja ante las autoridades educativas, del hospital y Ministerio Público, pero contrario a lo que se pensaría en el sentido de recibir protección de las autoridades, han sido cuestionadas y hasta condicionadas para poder seguir realizando su internado en el nosocomio a cambio de retirar su denuncia en contra del presunto agresor.
De acuerdo a la denuncia, elementos de la Policía de Investigación, instancia encargada de llevar el caso se han dedicado a hostigar a las víctimas para que desistan de la denuncia y lleguen a un acuerdo con el presunto agresor. Esto ocurrió con el elemento José Roberto Ochoa, que en un acto intimidatorio sugirió a una de las víctimas a desistir de la denuncia, incluso cuestionándola por su forma de vestir, así como que haya ocultado a sus padres la suspensión de sus clases por protocolo. Y es que en Reunión de la Comisión Mixta de Educación y Enseñanza, se tomó la decisión el pasado 30 de septiembre de retirar a la víctima de sus funciones como médico interno, con base en el protocolo de cero rechazo al hostigamiento y acoso sexual y laboral.
Asimismo, en una investigación se logró conocer la actitud tomada por el agente y personal de la Fiscalía del Estado, quienes han retardado el curso de las investigaciones, debido a la petición del Dr. Guillermo Ramírez Cordero, quien labora en el Hospital General además de desempeñarse como médico en la FGE en el área de servicios periciales, encargados de realizar las diligencias de dicha investigación y quien además es amigo del médico señalado de acoso sexual, lo cual explica el manto de impunidad con el que cuenta el acusado.
Las víctimas, además de sufrir la agresión y el acoso, tienen que lidiar con la forma despectiva en que son tratadas por los compañeros del acusado, por lo que exigen a las autoridades que se tomen cartas en el asunto y se sancionen tanto al presunto acosador como a quienes han obstruido las investigaciones.
Y es que existe un precedente que culminó de manera trágica, como es el caso de la joven Mariana Sánchez, quien denunció el acoso que padecía por parte de un compañero suyo.
El feminicidio ocurrió en enero de 2021, cuando Mariana Sánchez realizaba su servicio social como médico residente en una clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo. La joven de 25 años de edad, se estaba preparando para titularse como médica y su meta era realizar una especialidad de patología.
Sin embargo, dos meses antes de su muerte, la joven había denunciado el acoso y hostigamiento por parte de Fernando Cuauhtémoc N, quien incluso había llegado a agredirla. Sin embargo el sujeto en mención solo fue suspendido, pero no trasladados a otra unidad médica, dejando a la joven a merced de su agresor, quien finalmente la asesinó. Lo peor de todo es que a pesar de las evidencias y denuncias hechas con anticipación por parte de la joven, el sujeto en mención fue sentenciado a 3 años de prisión por acoso sexual.
La omisión de las autoridades, tanto de salud como policiacas, fue una de las causas por las que el crimen quedó en la impunidad, y a 3 años de la tragedia, aún se sigue esperando justicia.
Y eso es lo mismo que se busca en este caso, que no quede en la impunidad, que el sujeto señalado sea sancionado y de ser posible inhabilitado o por lo menos cambiado de adscripción. No es posible que la solución que las autoridades sea que la víctima retire la denuncia y llegue a un acuerdo con su presunto agresor, o que tenga ella que buscar otro lugar donde hacer su internado, tal como lo propuso el agente del Ministerio Público.
Resulta que para la autoridad, la víctima es quien debe irse, mientras que el agresor es premiado con protección e impunidad. Cuál es entonces el sentido de la justicia para las autoridades, o acaso debe la víctima tener influencias y poder para ser escuchada y que su denuncia sea tomada en cuenta.
A decir de las víctimas, existen varias denuncias en contra del Dr. Mirko “N”, quien es considerado como un depredador sexual, ya que se la pasa acosando a las estudiantes de medicina aprovechándose de su cargo, sabedor de que cuenta con impunidad. Eso explica porque las denuncias hechas por varias víctimas se encuentran rezagadas y sin solución.
Verdaderamente en Chiapas vivimos en una decadencia de las autoridades. Pero para los funcionarios de alto nivel en el estado, en Chiapas todo está bien y no pasa nada.