El Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra, se pronunció en un documento dirigido al Gobernador Rutilio Escandón y al Fiscal General Olaf Gómez para que se realicen acciones que garanticen la seguridad del gremio, esto ante los embates de bandas de extorsionadores que operan en la región, y que ya han asesinado a varias compañeros que no han pagado las cuotas que les exigen los delincuentes.
En el documento expresan su preocupación por estos hechos, al tiempo de manifestar su total colaboración para que se desmantele esta red criminal que tanto daño le ha causado al gremio transportista.
Tapachula, Chiapas, marzo 8 del 2022.
DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE CHIAPAS
DR. OLAF GÓMEZ HERNÁNDEZ
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PÉREZ
SECRETARIA DE GOBIERNO EN CHIAPAS
COMISARIO LIC. GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Estimados señores:
Los que suscribimos, miembros del Consejo Directivo del Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra que agrupa organizaciones de distintas modalidades de transporte público en esta zona de Chiapas, reconocemos a instituciones del estado la atención a la solicitud para abordar el problema de inseguridad en el tema de cobro de piso que enfrenta este sector, así como empresarios, comerciantes y profesionistas.
Fuimos notificados de los trabajos de investigación y resultados con la detención de miembros de la delincuencia que mantienen con temor permanente a familias dedicadas a la vida productiva en esta zona de Chiapas, con amenazas de muerte a nuestros socios y sus familias, así como a otros sectores para condicionar el pago de una cuota semanal por supuesta protección.
A pesar de los avances en investigaciones y detenciones en el operativo realizado por los grupos especiales de la FGE hasta el pasado domingo, un día después, el lunes día establecido por los delincuentes para el pago de la extorsión, las llamadas a los compañeros transportistas volvieron a ocurrir y están vigentes, existe la amenaza de pagar o atenerse a las consecuencias.
Se ha señalado por parte de las instituciones de seguridad que esas llamadas de extorsión provienen del interior de los reclusorios estatales y que desde allí se generaran hechos delictivos por lo que se pidió al gobierno del estado que cabecillas y lideres delincuenciales sean traslados a penales de alta seguridad donde se bloquee la comunicación vía telefónica, porque de lo contario el resultado es el mismo, a pesar de la detención se sigue infundiendo temor, e intranquilidad en la población.
Ante este tipo de situaciones que mantienen en alerta y preocupación a la sociedad que teme por su vida, la de su familia y su patrimonio, solicitamos de manera respetuosa:
Que se mantengan esta zona de Chiapas con presencia permanente de grupos especiales de inteligencia e investigación designados en estas acciones para tener la certeza de que la sociedad no sufrirá nuevos acosos que afecten su tranquilidad, ante un efecto “cucaracha” que genera que los delincuentes que escaparon se hayan escondido o migrado y aparecer nuevamente en fechas posteriores para afectar a la sociedad.
Que se dé cabida a las expresiones de la sociedad civil en torno al tema y en su caso se tomen medidas que se requieren en las mesas de seguridad y justicia en la participan instituciones de los tres órdenes de gobierno para atender este flagelo, y que las investigaciones de los homicidios, daños y extorsiones lleguen hasta las últimas consecuencias con castigos ejemplares.
Se trabaje en el cese a las llamadas telefónicas de extorsión que provienen del interior de penales estatales y la urgente necesidad de que se genere paz y tranquilidad social y se recluya a los delincuentes extorsionadores con cobro de piso a penales de alta seguridad como el de Villa Comaltitlán.
Expresamos nuestra disposición a colaborar con las acciones de seguridad que de manera institucional se realicen para que en Chiapas no impere la injusticia y la impunidad.
A T E N T E M E N T E
CONSEJO DIRECTIVO