- Cobran excesivos precios por los servicios de arrastre, al parecer confabulados con autoridades de tránsito
Tapachula, Chiapas, 26 de mayo de 2022.- Choferes particulares y del servicio público de la región hicieron un llamado a las autoridades de tránsito, vialidad, Movilidad y Transportes y la SCT, así como a la Profeco, debido a que señalan que están siendo víctimas del abuso de empresas de grúas, las cuales, en contubernio con algunos elementos policiacos, los condicionan a utilizar esos servicios aduciendo un supuesto rol interno entre estos y las autoridades, cuando en ocasiones esos servicios no son necesarios, además de no le permiten al conductor escoger la empresa de su confianza.
Sobre este tema ya ha habido varias denuncias, en las que señalan el cobro abusivo de parte de las empresas de grúas, quienes al estar confabuladas con malos elementos policiacos, fomentan la corrupción y afectan gravemente la economía de los automovilistas y transportistas que por necesidad usan ese servicio cuando sufren algún percance.
Las empresas de grúa realizan altos cobros y servicios en el arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, a lo que se suma que una vez que la unidad es llevada al corralón es común el robo o cambio de piezas de autopartes de los carros colisionados que están en buen estado, las cuales son sustituidas por otras que ya presentan daño.
Esto se ha convertido en un negocio, ya que las piezas hurtadas son comercializadas en una especie de mercado negro, mientras que en los registros e inventarios que realizan en las empresas de grúas se manipula la información, para quedar en la impunidad.
De acuerdo a los denunciantes, cuando ocurre un accidente vehicular de inmediato algunas empresas de grúas coludidas con elementos policiacos hacen acto de presencia en el lugar, cuando ni siquiera se le ha dado el derecho al afectado a escoger a la empresa que le haga el servicio y conocer las tarifas que mejor le convengan.
Otra de las irregularidades sucede cuando a pesar de que el vehículo puede desplazarse debido a que no sufrió daños mayores, el propietario es obligado a usar el servicio, lo cual ya ha sido documentado.
Para ello, aducen que les corresponde el turno de acuerdo a un supuesto rol interno que poseen, sin darle el derecho al usuario de escoger el servicio que más le convenga, es decir, no le dejan de otra.
De igual forma, señalan que esta situación es realizada en contubernio con algunos elementos de Tránsito y Vialidad, quienes casi por default optan por trasladar las unidades involucradas en un accidente al MP y al corralón, en lugar de buscar que los involucrados lleguen a un arreglo.
Ante todo este cúmulo de irregularidades, exigen que los elementos de Tránsito y Vialidad informen al automovilista particular o del servicio público sus derechos, además de respetar los acuerdos entre los involucrados, y con ello evitar que sus unidades sean trasladados a un corralón, cobrándoles el arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, ya que ni la autoridad ni los empresarios de las grúas pueden obligar a hacer uso de un servicio que no se necesita.