Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; DIC 07.- El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), José Uriel Estrada Martínez, de poco le sirvió la experiencia de haber pisado la cárcel en 2006, acusado de tortura y homicidio, ya que son varios los Ayuntamientos que han sido chantajeados por el funcionario para contratar obra a la constructora “ESES Grupo Constructor S. A. de C. V.”, propiedad de su hermano Óscar Estrada Martínez, de lo contrario habrá observaciones y señalará irregularidades en las cuentas públicas de las Administraciones Municipales.
Los alcaldes son prácticamente obligados a hacer contratos también con la inmobiliaria “Grupo Romasa”, dinero que ha sido invertido en restaurantes y bares en Tuxtla Gutiérrez, como Albrijes, Sonora Botanera, Señor Cantina, Aquí Nomás, Montaditos y del restaurant “La Principal” que se ubica en Terán, una forma de lavar dinero a través de prestanombres y empresas fantasmas como “LM Entertainment” que les ha servido para traer conciertos como el de Mario Bautista, Rayito, Taylor Díaz, Karina Rosse y últimamente Uzzielito Mix..
La soberbia de los hermanos Estrada Martínez no tiene límites, ya que además de presumir autos de lujo y múltiples viajes, en el bar Alebrijes, el hermano del fiscal superior, le puso su propio nombre a la mascota del lugar donde lo publicitan a todo lo que da; además de pasearse por los antros en compañía de una amiga, de nombre Paola Zenteno, a quien presume con particularidad.
La intención del funcionario y su hermano es obligar a la mayor cantidad de alcaldes posible a contratar sus servicios de constructora e inmobiliaria y lavar dinero con la creación de más negocios. José Uriel Estrada Martínez sin duda ha sido uno de los grandes errores que los diputados locales han cometido, al votar por mayoría su nombramiento en diciembre de 2018.
En un año sacó las uñas y ha emprendido un turbio negocio familiar, que con la investigación pertinente de las autoridades volvería a pisar la El Amate, donde estuvo recluido en 2006, lo que comprueba que su nombramiento es ilegal por los antecedentes penales que tiene.
El encargado de la fiscalización en el Estado no cuenta ni siquiera con el perfil para ocupar el cargo, ya que su experiencia es nula en la materia, sin embargo ha encontrado su mina de oro en los Ayuntamientos y ha montado una red de corrupción y lavado de dinero.