• En plena pandemia y cuando ninguna oficina de gobierno opera, otorgan de la nada concesiones.
• Más del 80% de las rutas en la entidad están invadidas.
Tapachula, Chiapas; MAY 27.- El emplacamiento de al menos 24 colectivas para el servicio urbano en la ciudad de Tapachula despertó nuevamente una serie de señalamientos de corrupción al interior de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas.
Calificado como irregular por el gremio concesionado, señalaron a servidores públicos de esa dependencia como los artífices de la maquinaria del pirataje en el rubro, para después justificar el otorgamiento de concesiones, mismas que les dejan millonarias ganancias, pero no para el erario del estado, sino para sus bolsillos que a decir del historial de corrupción que se ha registrado, la ruta del dinero que genera las concesiones, llega hasta las esferas más altas del gobierno estatal.
Y no es la concesión lo que afecta, sino a quién se la otorgaron lo que despierta las sospechas, se trata de dar el permiso oficial a quienes llevan años solicitando regularizarlas unidades o de sólo beneficiar a la misma mafia que pasa su cuota mensual a quienes están sentados detrás de un escritorio.
Pacifico Cabrera Gálvez representante de transportistas, afirmó que el gremio se está cansando de “ir por la derecha”, toda vez que ser respetuosos de la ley y la autoridad, no rinde frutos, sin embargo, manifestó que estar fuera del Estado de Derecho, rinde mejores frutos, la prueba está en esas 24 concesiones que base de chantajes y presiones de los piratas que la misma autoridad solapó, consiguieron sus objetivos.
Y es que no es la primera vez que se denuncian los actos de corrupción en la secretaria, los inconformes dieron a conocer que han presentado las denuncias correspondientes en contra de Marco Antonio Morales Liévano, Francisco Fierro Grajales y José Luis Vicente García, funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte por actos de negligencia, corrupción e intimidación.
Aseguró que se tiene un estimado de al menos un 80 por ciento de las rutas que circulan en el estado están invadidas, por los permisos que fueron expedidos por estos oscuros servidores públicos.
Aun cuando las oficinas de la Secretaria de Movilidad y Transportes se encuentran cerradas y no hay actividades administrativas y de atención al público por la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 y únicamente el trabajo de supervisores y prioritarios, el director de Registro y Control José Luis Vicente García autorizó una orden de emplacamiento con fecha de expedición 22 de mayo para 24 unidades de transporte público en la movilidad de colectivos a la “Sociedad Cooperativa 11 de septiembre del 2001 SC de RL de CV entre otras representadas por Orlando Ortiz Arévalo.
Las acciones realizadas en lo oscurito, de manera irregular y aprovechando la confianza de sus superiores y traicionando la confianza del Gobernador Rutilio Escandón cadenas, se emitió la orden de empacamiento que está fuera de contexto y sin el sustento legal toda vez que el historial de esa solicitud surge del amparo 2319/2017 con el que se pretendía poner a trabajar a 73 unidades y que el proceso de revisión fue revocado.
Ese expediente quedó como caso juzgado y cerrado, toda vez que había sobreseído y que la Secretaria de Transportes inició el procedimiento de revocación y emitió un acuerdo cumpliendo con la sentencia del juez, pero que por corruptelas, o por el dedo de “dios” se habría otorgado la orden de emplacamiento.
Finalmente, a nombre de los transportistas solicitan al gobernador Rutilio Escandón tomar cartas en el asunto y echar atrás el emplacamiento irregular de unidades, terminar con el negocio particular corrupto de funcionarios como el director de Registro y Control de la Secretaría de Movilidad y Transportes José Luis Vicente García que afectan las acciones de trabajo coordinado, transparencia y rendición de cuentas que asumió este gobierno.
Estas acciones que se hacen sin la debida transparencia van en contra de los postulados que el propio gobernador ha pregonado sobre terminar con las viejas prácticas de la corrupción, por lo que solicitaron al gobernador terminar con la cadena de corrupción que llega muy alto dentro de su administración estatal.