INAMI Tapachula, el Negocio Familiar de Yadira de los Santos y Padrinos que le Acompañan

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• Denuncia Centro de Dignificación Humana para Migrantes, actos de extorsión y nepotismo en la delegación del INAMI Chiapas

Tapachula, Chiapas; MAY 27.- Ante las instancias federales, la defensoría de derechos humanos de migrantes en Tapachula encabezada por el Centro de Dignificación Humana, presentaron esta mañana una denuncia en contra de la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Carmen Yadira de los Santos Robledo, por actos de nepotismo y extorsión.

El director del centro defensor de los derechos humanos de migrantes en esta frontera sur, Luis Rey García Villagrán, afirmó que la voraz ambición de la delegada del instituto, no conoce límites y es que a decir de los hechos, sus “padrinos” en la ciudad de México, son quienes se pelean el jugoso negocio negro de la trata de personas, porque lo que está haciendo Migración con los miles de indocumentados de al menos 10 nacionalidades diferentes es un operativo selectivo para dar prioridad a quien sí puede pagar su legal estancia en México y continuar su camino hacia los EEUU o establecerse en el país.

García Villagrán en conferencia de prensa a las afueras de las instalaciones en Tapachula de la Fiscalía General de la República (FGR), hasta donde llegó para interponer la denuncia, aseguró que hay pruebas del nepotismo de De los Santos Robledo, algo que no es la primera vez que se denuncia, sin embargo la intención de mantener a su familia trabajando en puestos clave el interior de la delegación, es parte del andamiaje que cubre las espaldas en la corrupción en la expedición de permisos de estancia legal en México.

La cadena de extorsión por parte del grupo impuesto por Yadira de los Santos, cobra entre 300 dólares o 20 mil pesos mexicanos para “arreglar” el papeleo de migrantes en su mayoría cubanos, haitiano y africanos, para obtener una estancia legal en el país, pero sin un seguimiento sobre el destino y finalidad del migrante.

Se estima que en Tapachula, aún permanecen varados sin documentación legal y en espera de ser atendidos para tramitar la estancia legal, cerca de 8 mil indocumentados de por lo menos 10 nacionalidades.

Por su parte Acnur y Comar, no han registrado una disminución en las solicitudes de asilo, lo que demuestra que la población migrante sigue varada en un gran número, a la espera de lograr juntar los 20 mil pesos o que el Estado de derecho se cumpla a cabalidad en INAMI.

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